La última ofensiva abortista en la ONU, a través de la Asamblea Mundial de la Salud, pone de manifiesto la esquizofrenia que padecen los promotores del asesinato prenatal, al presentarlo como un problema de salud pública. El gobierno de Donald Trump rechaza el planteo
Según informa el articulista Stefano Gennarini en la página web de http://C-fam.org, el 21 de mayo los ministros de Salud de todo el mundo, reunidos en Asamblea en la sede central de la Organización de Naciones Unidas, situada en Nueva York, emitieron una resolución sobre políticas de salud para hacer frente a la pandemia del Covid-19. Como ha sido habitual hasta ahora, el documento incluye una vez más la reafirmación de la “salud sexual y reproductiva”, expresión elíptica que en realidad reivindica el “derecho al aborto” – matar al hijo antes de que nazca – como derecho humano básico de la mujer.
No hay un solo documento oficial de las Naciones Unidas que afirme el aborto como derecho. Sí hay miles de textos, resoluciones y declaraciones que reivindican ese derecho, sin que haya una definición explícita del asesinato del hijo prenatal como derecho. Lo cual no ha impedido que el aborto haya sido legalizado en la mayoría de los países del mundo.
Fue John Davison Rockefeller III quien hace 5 décadas definió el aborto como “derecho que tiene la mujer para determinar su fecundidad” (Rockefeller Commission Report, Population Growth and the American Future, Chapter 11 [1972]; John Davison Rockefeller III, La Segunda Revolución Estadounidense, Capítulo zzz [1973]), en el contexto de la promoción del control de la natalidad a nivel planetario, un proyecto corporativo privado que la oligarquía financiera mundial convirtió a partir de 1966 en problema de Estado, tanto para los gobiernos como para los organismos internacionales como la ONU y sus entidades coligadas, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, etc.
En otras palabras: fue una de las principales espadas de los grupos de poder mundial que desde la década de los 1970’s ha impuesto la antinatalidad y el aborto en el mundo por encima de toda legislación y Cartas constitucionales, Tratados Internacionales, etc., a pesar de que todas esas normativas reconocen el carácter de persona del niño por nacer. Lo cual no ha impedido que los hijos prenatales sea el único grupo humano sobre el cual se aplica masivamente la pena de muerte: en los últimos cuatro años han sido eliminados alrededor de 54 millones de ellos, según informes de la misma ONU.
Según se informa, en esta Asamblea la delegación estadounidense formuló una reserva formal, presentada por escrito, rechazando el planteo pro-aborto, afirmando explícitamente que “no hay un derecho internacional al aborto, ni tampoco ninguna obligación por parte de Estados Unidos para financiar o facilitar el aborto”.
Por un lado, la declaración estadounidense respalda “los mejores resultados posibles para la salud, vida, dignidad y bienestar durante todas sus vidas” de mujeres y niñas, así como también la “alta calidad de atención sanitaria para mujeres y chicas durante toda la vida”.
Pero rechaza dos párrafos en la resolución del COVID-19 de la Asamblea Mundial de la Salud para incluir el término en cuestión, no aceptando “referencias a ‘salud sexual y reproductiva’ u otro lenguaje que sugiera o explícitamente declare que el acceso al aborto está incluido en la provisión de prestación de servicios de salud a la población y a nivel individual”, porque “los Estados Unidos creen en las protecciones legales para el niño no nacido”.
La declaración estadounidense termina repitiendo un discurso del presidente Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, en el 2019: “Los americanos nunca se cansarán de defender la vida inocente” y recrimina a los organismos de la ONU “por promover el aborto como un derecho humano y presionar a los países para eliminar las restricciones legales sobre el aborto”.
En definitiva, sostiene el autor del artículo, es nuevo el énfasis puesto por el gobierno estadounidense en contra de las políticas abortistas promovidas a nivel internacional, aprovechando las emergencias humanitarias (desastres naturales, guerras, etc.).
Una contundente carta fechada el 18 de mayo del Director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acusándolo de promover el aborto (“Deje de traficar el aborto como alivio del Covid-19”), y la Orden Ejecutiva firmada el 2 de junio por el presidente Donald Trump para promover la libertad religiosa a nivel internacional (“La libertad religiosa para todos los pueblos del mundo es una prioridad de la política exterior de Estados Unidos, y Estados Unidos respetará y promoverá vigorosamente esta libertad”), muestran a las claras “una postura más agresiva de la administración Trump en defensa de las leyes y políticas pro-vida de Estados Unidos en ámbitos diplomáticos”.
