El gobierno argentino recurrirá a un instrumento propuesto hace algunos meses por George Soros a nivel global. Se trata del Ingreso Universal, un beneficio que abarcaría a los sectores más empobrecidos y que se cobrará en simultáneo con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según las noticias, el nuevo bono llegaría a 3 millones de personas y que se pagaría durante varios años. Todavía no se definió el monto ni el costo fiscal.
«Sabemos que la pobreza está aumentando pero ahora no es posible saber cuánto. La pobreza no pude medirse con encuestas telefónicas», dice el ministro de Desarrollo Social, el licenciado Daniel Arroyo. Es el principal impulsor del ingreso universal. Piensa en un plan con tres ejes: el plan Potenciar Trabajo, el Ingreso Universal (a quienes no trabajan) y la urbanización de los 4.000 asentamientos que hay en el país.
El plan Potenciar Trabajo alcanza a 580.000 personas que cobran un ingreso de $ 8.500 al mes por trabajar en comedores y centros comunitarios y que también reciben capacitación para poder insertarse laboralmente cuando la economía reaccione.
¿Cómo será el Ingreso Universal?
Lo llamativo es que se otorgará como complemento a todos los programas de asistencia social, en particular para los que perciben ya la AUH, también complementaria al resto de los programas.
Al comienzo de la cuarentena -cerca de convertirse en confinamiento crónico- el gobierno instrumentó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanza a casi 9 millones de personas, pensado en principio como transitorio. Pero el Ingreso Universal está pensado como permanente, para varios años.
Posibles beneficiarios
Respecto de los posibles beneficiarios el funcionario apuntó que entre los 9 millones que cobran IFE hoy «hay tres millones están en situación de alta vulnerabilidad», que serían quienes percibirían esta nueva ayuda. «Sabemos que cuando la pandemia termine una parte de quienes hoy tienen IFE reingresarán al mercado laboral».
Lo que aún se está evaluando es si el ingreso universal se aplicará por familia, tal como se aplica el IFE hoy, o si será por adulto.
Lo que aún no está definido es cuál será el monto de este bono y el costo fiscal de la medida, un tema clave en un gobierno que se encamina a terminar el año con un déficit primario equivalente al 7% del PBI. «Todavía no está evaluado el impacto fiscal», señaló Arroyo.
«Quiero incentivar el debate. Para instalar el ingreso universal se necesita lograr un consenso transversal. Por eso sería importante instrumentarlo a través de una ley porque las leyes consolidan políticas de estado. Imagino un acuerdo que también incluya al sector empresario, porque además de promover derechos ésta va a ser una forma de promover el consumo», resumió.
Más asistencia
Para Arroyo, Argentina ya está preparada para instrumentar el ingreso universal porque a partir del IFE se armó una gran base de datos acerca de la emergencia social. «En la prepandemia la asistencia alimentaria por parte del estado llegaba a 8 millones de personas. Ahora pasamos a 11 millones. Entre los que reciben esa asistencia hay 4 grupos: los pobres estructurales, los que hacían changas y ahora se quedaron sin ingresos, los que tenían un trabajo informal integrado pero con la pandemia los ingresos les cayeron a cero y los que tiene trabajo formal con ingresos muy bajos».
Con el crecimiento de la demanda, el refuerzo alimentario pasó de $ 5.000 millones por mes a $ 14.000 millones. Dentro de este paquete de asistencia está la compra 12 millones de kilos de alimentos por mes para asistir a comedores, la transferencia de $ 1.500 millones a provincias y municipios y la Tarjeta Alimentar, que llega a 1,5 millones de familias y se carga todos los meses, con un impacto fiscal de $ 7.500 millones.
Además del proyecto de ingreso universal, Desarrollo Social también planea apuntar a la creación de empleo. El plan Potenciar Trabajo tiene 580.000 beneficiarios y cinco sectores que van a generar mano de obra intensiva en el 40% del estrato más pobre: construcción, producción de alimentos, producción textil, cuidado y atención de personas y el reciclado. «Apuntamos a articular con el sector privado para crear empleo. Ahora quienes participan de este plan contraprestan con 4 horas de trabajo, pero si los contratan para trabajar por 8 horas tienen que completar el ingreso por al menos hasta llegar al salario mínimo».
La otra pata a la que apunta Arroyo es avanzar en la urbanización de los 4.000 asentamientos que hay en el país en los que viven 4 millones de personas. «Para bajar la pobreza es clave universalizar el acceso a los servicios. No se va a hacer en un año ni en dos, va a llevar tiempo, pero es esencial avanzar también con eso».
