Por la parálisis en la actividad a causa del coronavirus en Argentina, el gremio de la construcción (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), denunció que 200.000 trabajadores han quedado desempleados en los últimos seis meses: “La situación es muy crítica. Más de 200.000 trabajadores quedaron en la calle, los empleados públicos están más protegidos que los privados”, dijo Gerardo Martínez, secretario general del Gremio, en declaraciones radiales.
El gremialista ha sido hasta ahora aliado del Gobierno nacional, pero comenzó a tomar distancia, ya que responsabiliza a la gestión del presidente Alberto Fernández de la caída de empleo en su sector. «Así como hay un gabinete sanitario especializado en la pandemia, tiene que haber otro gabinete que atienda la cuestión económica-productiva para ir discutiendo cada una de las contingencias que genera la cuarentena», reclamó.
Y añadió: «Los compañeros no quieren vivir de un subsidio, quieren ir a trabajar. Pero hoy algunos no tienen ni para comer».
«¿Sabés lo que padece un trabajador con carrera al verse haciendo una cola en su barrio por un plato de comida? Se siente denigrado. Los compañeros están acostumbrados a vivir de su esfuerzo, de su capacitación profesional y están orgulloso de ser un trabajador de la construcción, pero hoy no puede trabajar, no tiene a nadie que les garantice su ingreso y no tiene para comer», insistió.
Martínez, que es uno de los hombres de peso en la CGT , recordó que se reanudaron parcialmente las obras públicas, pero que la actividad privada está totalmente paralizada y que apenas un pequeño porcentaje de las empresas pudieron acceder a la ayuda del Estado. «Solo un 30% de la empresas pudo acceder a la ayuda del gobierno. El resto quedó en la nada. Han quedado en la calle más de 200 mil trabajadores», advirtió.
El último episodio con despidos se dio en Salta. Quedaron sin trabajo unos 700 albañiles. Fue por la paralización de una obra vinculada al tendido del Belgrano Cargas . Una de las empresas contratistas es UCSA, cuyo titular es Manuel Santos Uribelarrea. Este empresario figuró en el expediente de los cuadernos de las coimas por el presunto reparto de sobornos durante el kirchnerismo en la obra pública. El conflicto llegó hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero no se llegó a un acuerdo y los empleados quedaron cesantes.
Es que en el gobierno nacional quienes toman las decisiones de fondo son los “expertos en infectología”, pero los expertos en economía no son convocados ni, mucho menos, tenidos en cuenta. Esto sucede porque en marzo el gobierno argentino tomó la decisión política de someterse a la dictadura de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y poner al mundo en cuarentena y confinamiento obligatorio, desentendiéndose totalmente del desastre económico y social que iba a resultar de la decisión sanitaria obedecida.
De este modo, en la Argentina en manos del progresismo socialdemócrata seudoperonista gobiernan los infectólogos, pero el poder ha quedado en manos de la miseria social y de la destrucción económica producida.
