En Latinoamérica, Costa Rica es uno de los países con una de las democracias más antiguas y solidas de la región. No obstante en los últimos años, un periodo de gobierno bajó el mandato del ex presidente Luis Guillermo Solís y el transcurso del gobierno actual con el ejercicio del mandatario Carlos Alvarado han reflejado conductas o estructuras de corte izquierdista. Cabe destacar que el PAC (Partido Acción Ciudadana) partido oficialista se declara social-demócrata pero al menos esto solo en el papel. No obstante, en la práctica sus métodos dejan mucho que aclarar y definir.
Uno de los signos más visibles como atentando para manchar y destruir la democracia del país centroamericano es la creación de la UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos). Este organismo es un organismo que fue creado a escondidas por la actual administración del gobierno de la República con la intención de tener acceso a informaciones estrictamente confidenciales de individuos y empresas, informaciones de diferentes índoles.
Lo más lamentable es que el gobierno de la República ha intentado desviar la atención concentrando su acción en la emergencia sanitaria Covid-19. Es evidente preguntar el por qué querer tapar y no dar a conocer el por qué del surgimiento de este “emprendimiento gubernamental” que busca homologar la violación a las libertades individuales que se hace ya común en países como Venezuela o Nicaragua.
Hasta el año anterior el gobierno del país centroamericano destino más de 43 millones de colones para el pago de tres funcionarios de este organismo que fue aprobado sin tener claros sus funciones, límites y alcances. A la cabeza figuraba el politólogo Diego Fernández junto con Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Ante las constantes presiones el actual mandatario Carlos Alvarado tuvo que intervenir el pasado 23 de febrero aduciendo que paralizaría las funciones de la UPAD para las investigaciones y consultas pertinentes de la Defensoría de los Habitantes.
Lo más extraño aun es el silencio gubernamental en torno a este tema, de un proyecto que surgió a escondidas, a la sombra, para espiar a los y las costarricenses. Y lo más insólito es la pérdida de un audio en el expediente de la investigación donde se daba a entender que estos datos adquiridos no eran anónimos sino con nombres y apellidos como en los peores regímenes comunistas.
Otro dato que empaña aún más el estandarte de la Democracia costarricense es el allanamiento a Casa Presidencial ocurrido el 28 de febrero por la Fiscalía General de la Republica por primera vez en su historia. Lo cierto del caso es que aunque ya varios medios de comunicación habían advertido sobre este organismo que había iniciado operaciones desde el 2018 año en que Carlos Alvarado llega al poder, hubo un proceder muy lento por parte de los entes fiscalizadores.
Actualmente este caso se encuentra en investigación, un proceso que presenta muchas anomalías con pocos aciertos y la desconfianza del pueblo costarricense que más que cuestionarse vive atormentado por la pandemia Covid-19 y sus implicaciones.
