El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que la decisión de ir a una mayor restricción a la circulación de personas mediante el nuevo confinamiento obligatorio dispuesto a partir del 1 de julio en el área de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios circundantes es para evitar “consecuencias fatales por no contar con camas de terapia intensiva”.
Según parece entonces, el problema de fondo del gobierno no es cuidar la salud de los argentinos, como afirma reiteradamente el presidente, sino un problema de infraestructura, no resuelto en 36 años de “democracia”.
Para que no queden dudas, el ministro de Salud reitera que lo que se ha buscado hasta ahora es “manejar la cuarentena de tal manera que el número de casos fuera siempre controlable y administrado. Lo hicimos desde el primer día”.
En esa misma línea, dice que en los últimos días se ha empezado a notar una mayor circulación comunitaria y el aumento exponencial de las internaciones específicas. Es por eso que se ha tomado la decisión de “hacer algo” para que “no suceda que por no tener una terapia intensiva, respiradores y todo lo que necesite se termine con una consecuencia fatal”.
De nuevo: el problema no es la enfermedad sino que “no hay camas de terapia intensiva”. En 100 días de confinamiento obligatorio de la población, la única solución que ha encontrado hasta ahora el “comité de expertos científicos” que toma las decisiones que el presidente argentino acata es la de obligar a la población a quedarse encerrados en sus casas y esperar que aparezca una vacuna.
Al mejor estilo chavista –“exprópiese”- después de 100 días de confinamiento domiciliario el gobierno argentino no tiene otro plan que ordenar a la población que se encierre todavía más, como al principio –“confínense”- y esperar que el virus pase. Toda un logro científico.
En definitiva, lo importante es que no se caiga la estructura. Quizás porque la estructura tiene que quedar en pie para que el ministro de Salud y muchos de los miembros del “comité de expertos” convocados pueda cumplir con el objetivo con que asumieron su gestión, que es la de “legalizar el asesinato prenatal”, eufemísticamente denominado “interrupción voluntaria del embarazo”.
De fuentes estrechamente cercanas al presidente argentino se sabe que la legalización del aborto es una exigencia impuesta por el FMI para acompañar las gestiones argentinas en torno a la resolución del problema de la deuda externa con los inversiones privados extranjeros. Lo que explicaría por qué antes de asumir y una vez en el cargo la legalización de la pena de muerte prenatal se había convertido en tema prioritario para el presidente, hasta que la aparición del Covid-19 postergó los planes hasta una mejor oportunidad.
No hay que olvidar que garantizar los servicios de aborto fueron definidos como esenciales para la Organización Mundial de la Salud y para las Naciones Unidas, criterio que el gobierno argentino y el de la provincia de Buenos Aires protocolizaron al unísono.
