Apenas asumió a mediados de diciembre de 2019, el actual gobierno argentino promulgó una normativa denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, 27.541/2019, según la cual se implementó un “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria” [Impuesto PAIS], aplicable a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera destinado al atesoramiento o sin destino específico o al cambio de divisas destinado al pago de operaciones de compra al exterior de bienes o de adquisición de servicios en el exterior.
En estos casos la cotización de la moneda extranjera se incrementa un 30% respecto a su valor oficial.
Pero en el día de ayer, 26 de junio, el Poder Ejecutivo Nacional anunció la prolongación del confinamiento obligatorio para toda la población por 21 días más, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el llamado Conurbano que la circunda, pero en las rigurosas condiciones iniciales. Lo cual implica el cierre prácticamente total de comercios y de fábricas, y la suspensión de toda atención pública administrativa, con prohibición de tránsito para quienes no están autorizados a salir de sus hogares. En síntesis: un Estado de Sitio virtual, pero sin declaración legal.
Pero al mismo tiempo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) promulgó una resolución –Comunicación “A” 7052- según la cual exceptuó del pago de este impuesto a los descendientes de desaparecidos y personas que hayan percibido indemnizaciones por ser reconocidas como víctimas del Estado argentino. De esta manera, no pagarán el tributo de 30% que se paga a la hora de comprar divisas extranjeras.
Según fuentes del Banco, la norma alcanza a beneficiarios que residan en el exterior y que por eso estarán exceptuados del pago del impuesto solidario. Pero las leyes indemnizatorias afirman explícitamente que las reparaciones se pagan en moneda de curso legal en Argentina. No menciona para nada el pago el pago en moneda extranjera.
Desde el BCRA insistieron que la adaptación dispuesta apunta a resolver «casos puntuales de no residentes» que «están cobrando juicios». Aclaran que “son unos pocos”.
La difusión de la norma por redes sociales generó una oleada de indignación por la asimetría respecto del resto de las personas en relación al acceso al mercado. En especial porque se trata de reparaciones que fueron pagadas en moneda nacional.
Lo indignante es la postura de los beneficiarios de esta excepción cambiaria. Porque en su casi totalidad son críticos acérrimos del “capitalismo salvaje” y del “neoliberalismo”, pero no tienen ningún prurito en cobrar en dólares o euros los servicios revolucionarios prestados.
Una vez más: Billetera en moneda extranjera mata Revolución.
