“Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”. La advertencia fue realizada el miércoles 8 de julio por la secretaria de Acceso a la Salud de Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Carla Vizzotti, en el habitual reporte matutino que brindan las autoridades del gobierno nacional sobre el avance del COVID-19 en la Argentina.
Explicó que los médicos que forman parte del programa Detectar se encontraron con una situación frecuente: muchas personas que contrajeron la enfermedad subestiman síntomas leves y eso es peligroso porque sin saberlo pueden estar contribuyendo a la propagación del virus.
Así justificó el nuevo procedimiento sanitario, según el cual cualquier persona es portadora del coronavirus hasta que se demuestre lo contrario: “Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario; es un concepto enorme que tenemos que entender para no subestimar esta situación y contactar al sistema de salud para definir si es positivo el análisis y evitar el contacto con otras personas”.
En el ámbito del Derecho y de la Justicia rige el principio de “presunción de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario”. La violación de este principio se denomina inversión de la prueba: no hay que demostrar que alguien es culpable, sino que se presume la culpabilidad de alguien hasta que demuestre lo contrario.
Ahora, en el ámbito de la salud se lleva a cabo la misma violación del principio: se es enfermo [culpable] hasta que se demuestre que se está sano [inocente].
En las últimas horas del día, el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete señalaron que el país está atravesando el peor momento del brote, pero no se sabe de dónde provienen los datos que justificarían tamaña afirmación. Por eso los especialistas toman con mucha cautela ese pronóstico sombrío.
A la luz de la experiencia, parece evidente que el gobierno nacional está manipulando el escenario para justificar 4 meses de confinamiento obligatorio de la población, con el derrumbe de la actividad económica y con las dramáticas secuelas sociales que produjo esa medida sanitaria tan estricta.
Ya se ve en el horizonte que la Argentina muestra un paisaje de tierra arrasada, con miles de empresas desaparecidas y con casi un millón de personas que han perdido su trabajo, formal o informal.
Como hemos afirmado en otras notas, la decisión de confinamiento obligatorio de la población y el distanciamiento social fue una decisión sanitaria tomada en estricta obediencia a los dictados de la Organización Mundial de la Salud.
Se detuvo bruscamente la actividad económica productiva, sin ningún tipo de previsión, planificación ni proyección, librada “a la buena de Dios”, planteando el falso dilema de privilegiar la vida por sobre la economía. Intención loable, excepto por el hecho que la economía real también es vida.
La única solución económica que aplicó el gobierno argentino ha sido la de imprimir en cantidades astronómicas papeles pintados como billetes, con los precios de los productos básicos descontrolados.
Visto en perspectiva el proceso, da toda la impresión que el gobierno nacional sólo puede magnificar la supuesta catástrofe sanitaria y sembrar susto, para ocultar y paliar el derrumbe económico-social provocado por incompetencia e imprevisión.
Como dice el viejo refrán: “el que siembra vientos que se prepare para cosechar tempestades”.
