La Legislatura porteña aprobó el jueves 16 de julio la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Este Protocolo nacional fue rubricado en su última versión por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, eterno militante de la legalización de la pena de muerte para los niños por nacer, a simple pedido de parte, con la firma de un consentimiento informado por parte de quien pide el aborto, desde los 13 años de edad en adelante, sin denuncia policial ni judicial, con la posibilidad de mentir respecto a las causales que permitirían un aborto, hasta el noveno mes de gestación. Sin respaldo legal alguno, porque no hay ninguna norma legal que defina la figura jurídica invocada: NO EXISTE LEY QUE AVALE EL ABORTO, eufemísticamente denominado “interrupción del embarazo”.
En resumen, este Protocolo permite la aplicación de la pena de muerte a seres humanos absolutamente inocentes y totalmente indefensos. No se aplica a delincuentes sino a personas inocentes, incluso mintiendo o invocando causales que no existen.
La aprobación de la adhesión fue con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y fuerzas políticas con representación legislativa.
Este acceso al asesinato prenatal es definido por algunos legisladores como “derecho a la salud de las mujeres”, como si matar o hacer matar a un hijo curara alguna enfermedad. Esta barrabasada fue formulada por dijo la diputada Patricia Vischi, de UCR-Evolución, presidente de la comisión de Salud de la Legislatura.
El proyecto para la adhesión al protocolo fue presentado en febrero último por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60. Esta Campaña ha sido subsidiada en los últimos años por la red multinacional abortista de origen británico, la famosa International Planned Parenthood Federation (IPPF), a través de la Fundación CASA FUSA y Católicas por el Derecho a Decidir, dispositivo creado por la Fundación Ford, propiedad de la familia Rockefeller.
Es decir, la legislatura porteña le ha dado estatus jurídico a la ideología genocida de las multinacionales angloamericanas en la ciudad de Buenos Aires. Imperialismo abortista en todo su esplendor, que hace de la ciudad y del país una factoría del asesinato prenatal.
Algunos de los legisladores siguieron la sesión en forma presencial y otros en forma remota
Según el aberrante Protocolo, entre otras cosas, habilita que una adolescente puede pedir por sí misma a partir de los 13 años que se mate a una criatura, inventando cualquier causal.
Para justificar semejante aberración, la legisladora Manuela Thourte (UCR-Evolución), señaló que “el 90% de los casos de abuso sexual contra niñas son por parte de alguien del entorno familiar, por lo que mal podrían ir a acceder a una ILE con sus padres”. Es decir, ante la presencia de un delito aberrante como es una violación intrafamiliar, se propone matar a quien es una víctima que no ha cometido ningún delito, mientras se deja vivo al criminal que “provoca” el asesinato del menor gestado. En esta línea de “razonamiento” y en el colmo del cinismo, una legisladora oficialista mencionó que en el caso de los embarazos que son resultado de una violación, para acceder a la ILE “no hace falta hacer denuncia penal, alcanza con una declaración jurada”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
El cardenal de Buenos Aires
Vale la pena recordar que el principal impulsor del proyecto, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, realizó una “consagración al Sagrado Corazón de Jesús en la que encomendó su vida, su gestión y la ciudad de Buenos Aires, bajo la protección del Inmaculado Corazón de la Virgen”. La hizo el 9 de julio de 2018 en la Catedral, durante la celebración de un Tedeum por el Día de la Independencia Nacional, acompañado por el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli.
¿El cardenal de Buenos Aires y sus obispos auxiliares serán cómplices silenciosos de la legalización del asesinato prenatal o serán pastores del pueblo que les ha sido confiado?
