El régimen nacional jubilatorio en Argentina requiere un piso de 30 años de aportes para poder acceder al beneficio. Este mínimo se reduce en el caso de tareas diferenciales, para las cuales la cantidad de servicios puede reducirse en virtud del envejecimiento prematuro que causa la tarea desarrollada.
Para los que no cumplen con el requisito de años de aportes, periódicamente han entrado en vigencia moratorias previsionales. Se trata de planes de facilidades de pago que otorga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y permite a los contribuyentes regularizar aportes autónomos.
La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. En términos históricos sólo seis de cada diez trabajadores aportan en regla. El empleo no registrado tiene como contrapartida un trabajador que al cumplir la edad jubilatoria no tendrá los treinta años de aportes requeridos por ley. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria, que abona el futuro jubilado en cuotas que se deducen de la propia jubilación. Históricamente, 5 de cada 10 varones utiliza la moratoria en alguna proporción para poder jubilarse, cuando se trata de mujeres ese porcentaje crece a 8 de cada 10.
Si bien las últimas moratorias fueron las de mayor adhesión, la primera moratoria previsional fue aprobada en 1967. Le siguieron otras en 1973, en 1985 y en 1993. Actualmente existen tres moratorias vigentes, de las cuales sólo dos tienen utilidad práctica. La primera está dirigida únicamente a mujeres (Ley 26.970), entró en vigencia en 2015 y en la ampliación de 2017 se excluyó a los hombres. Permite regularizar aportes desde que la mujer cumplió los 18 años de edad – que es cuando estaba legalmente habilitada a trabajar – hasta 2003.
En el caso de los hombres cuentan con la moratoria de la ley 24.476, sancionada en 1995 y extendida en 2005. Permite regularizar aportes tanto a hombres y mujeres, desde que la persona cumplió los 18 años de edad hasta 1993.
Algunos datos estadísticos de los beneficiarios de las moratorias muestran que:
– La mayoría fueron mujeres (78%), no obstante estar jubilado sigue siendo más frecuente entre hombres que entre las mujeres (el 86,6% jubilados entre los primeros vs. 79% jubiladas entre las segundas); el rango de edad se concentró entre los 65 y los 69 años; la mayor cantidad se concentró en la Provincia de Buenos Aires (39%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires (10%), Santa Fe (10%) y Córdoba (9%), en proporción a la población, y el mayor impulso en la expansión de la protección social se ha cristalizado en los sectores más vulnerables, donde la tasa de cobertura pasó del 56,2% al 94,5%.
Las moratorias para jubilarse han generado en la sociedad argentina un verdadero enfrentamiento entre quienes están a favor y quienes están en contra.
Las desventajas que presentan los resultados de las moratorias es que éstas, en primer lugar, permitieron que se jubilaran personas de poder adquisitivo alto, injusticia que se corrigió a partir de 2015, con requisitos que limitan el acceso solo para los sectores más vulnerables de la sociedad. En segundo lugar, han desincentivado los aportes y contribuciones de los trabajadores y sus empleadores. Y en tercer lugar, la incorporación de tres millones de nuevos jubilados generó un déficit que dejó a la ANSES al borde del quebranto: en su presupuesto del 2020, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que gestiona el sistema, se prevé el ingreso de $1.511.807.731.467 millones en aportes y contribuciones de trabajadores en actividad y el pago de $2.160.086.043.559 en jubilaciones y pensiones. De este último, $817.418.703.888 corresponden a beneficios con moratoria.
Pero para lograr un sistema previsional sustentable a largo plazo, que pague beneficios suficientes para cubrir las necesidades básicas en la vejez, es necesario tomar medidas para reducir el trabajo no registrado e incentivar el pago de aportes y contribuciones.
