A 30 km. al sur de la capital argentina, provistos sólo de carpas, más de 500 personas en situación habitacional absolutamente precaria ocuparon ilegalmente tierras baldías, con peleas cuerpo a cuerpo con vecinos. Esto ocurrió en una localidad llamada Guernica.
La toma comenzó entre el fin de semana del 18 y 19 de julio, cuando manifestantes, en su mayoría jóvenes, se instalaron con carpas en un predio de 15 hectáreas.
Los ocupantes protagonizaron una batalla campal con algunos presuntos propietarios de las tierras que quisieron desalojarlos. Mientras tanto, desde la justicia se intenta cumplir con todos los requisitos legales como para poder despejar los terrenos y hallar un nuevo destino para los usurpadores.
La toma de terrenos en Guernica tiene 300 familias
La justicia está investigando si la elección de las tierras específicas de la toma fue analizada y escogida con un trabajo de estudio previo, ya que muchas de ellas no cuentan con un propietario vivo entre los papeles, aunque sí cuentan con individuos con derecho posesorio o tenencia.
La zona de Guernica donde se produjo la toma de los terrenosLa organización de la toma habría sido iniciativa de una ignota agrupación llamada “Organización Libres del Pueblo Resistir y Luchar”. Uno de los referentes afirmó a los medios de comunicación que se trata de “parejitas jóvenes y de muchos pibes”. Hay argentinos, bolivianos, paraguayos y peruanos, personas que “no tienen donde vivir” y que “sólo quieren un pedacito de tierra”. Según su criterio, “la Constitución los ampara”, razón por la cual “el gobierno tiene que proveer vivienda, salud y educación”, tratando de justificar el accionar por fuera de la ley. Se quejó que “nadie les da oportunidad ni siquiera de pagarse un pedazo de tierra. Nadie les financia nada, son desocupados. Lisa y llanamente son excluidos del sistema”.
El problema de fondo es que la inmensa mayoría de la población que habita en la Argentina, nacional y extranjera, padece las mismas necesidades y está excluida del sistema, un sistema que está vigente desde el año 1983 y cuyos dirigentes han sido los responsables del proceso que ha llevado a la Argentina a la situación de decadencia y degradación que hoy padece.
Pero una vecina de una casa de la zona se quejó por la ocupación y mostró su preocupación. “Yo entiendo que quieran un lugar para vivir, pero eso tienen que hacerlo por la vía legal. No se puede entrar a una tierra así porque sí y establecerse como si fuera tu casa. Si cada uno hace lo que quiere, esto sería como el lejano Oeste”, se lamentó la vecina.
La mayoría de los ocupantes son ciudadanos de la propia ciudad y de municipios vecinos, lo cual muestra que detrás de la ocupación “espontánea” del predio hay una organización logística que la hizo posible, que claramente no pertenece a los ocupantes.
Por datos obtenidos a través de las redes sociales, vecinos de la zona comenzaron a mostrar capturas de pantalla en las que se veía que se habrían empezado a vender lotes de los nuevos terrenos ocupados a un precio de 50.000 pesos a pagarse en efectivo (u$s 7.000).
Muchos de los vecinos se quejaron sobre la demora de la justicia para llevar a cabo el desalojo de las tierras. El problema es que existe una cautelar dictada por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires el 17 de abril de 2019. Un documento oficial que muestra el grado de lentitud que aqueja a la burocracia judicial y policial de la provincia, así como también pone en evidencia la ineptitud de la dirigencia política que no ha resuelto los problemas económicos y sociales que con el tiempo deriva en este tipo de situaciones violentas.
Además de la justicia, en estos casos deben intervenir organismos gubernamentales como la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat.
Experiencias anteriores han puesto de manifiesto que en medio del conflicto suele aparecer el cáncer que infecta al organismo social: la instalación de las conocidas “cocinas de la droga”.
En definitiva, la ausencia real y efectiva del Estado en la vida cotidiana de la comunidad produce el “resurgimiento” de la lucha del hombre contra el hombre, el homo homini lupus de la doctrina del filósofo Thomas Hobbes en el siglo XVII.
