Los miembros de las Naciones Unidas y los abogados de los derechos humanos tendrían que trabajar para proteger y promover esos derechos naturales y fundamentales de los seres humanos y no definir o eliminar esos derechos basados en sus preferencias particulares.
Para sorpresa de nadie, el Presidente Trump fue criticado por la reafirmación del derecho a la vida como un derecho inalienable. La ONU tiene una historia pobre en proteger derechos fundamentales y libertades, pero los burócratas socavan su legitimidad cuando estrechan los límites de sus códigos de conducta y exceden sus mandatos. Básicamente, los miembros no pueden cambiar, crear o definir dichos derechos sin autorización de los Estados miembros.
Un ejemplo claro lo encontramos en la nueva tendencia de la ONU en cuanto a politizar y definir derechos existentes, como la libertad de religión o credo. Al respecto, Mr. Ahmed Shaheed reporta la discriminación basada en género por gente que se supone religiosa. Este reporte es el más audaz de parte de los progresistas para agregar derechos especiales y promover el aborto, la identidad sexual y afirmando expresiones diversas, mientras que se socava la libertad de religión y de conciencia. Estos cambios afectan a aquellas personas que valoran la vida, la libertad de credo y creen en la familia como base fundamental de la sociedad.
Este reporte se concentra casi exclusivamente en condenar a los que protegen la vida, el
matrimonio entre hombre y mujer y la inmutable verdad biológica de los individuos. Irónicamente, este paladín de la libertad religiosa trata a la religión y a las personas religiosas como el problema.
Otra de las cosas que menciona el reporte es que los Estados que restringen los derechos reproductivos de las mujeres —eufemismo para aborto a demanda— cometen violencia y discriminación contra esas mismas mujeres (el bebé no se menciona). Otro ítem mencionado es que dichos Estados también están rompiendo los derechos humanos cuando no permiten o restringen la educación sexual en las escuelas, como también la “reasignación” de sexo (transgenerismo).
Así que, en resumidas cuentas, las personas religiosas, abogados de la vida, de la familia y del matrimonio tradicional son los perpetradores principales de la violencia y discriminación existente, solo porque actúan de acuerdo con su Fe y a su conciencia.
Pero, en los EE.UU., la administración ha venido trabajando 24 horas para solucionar y proveer un marco legal a las Cortes para que estas puedan funcionar sin restricciones ante cualquier cosa que amenace esa libertad religiosa. Un caso conocido acá es el de un panadero cristiano que no quiso hacer una torta de casamiento para una pareja de homosexuales, pero que sí le recomendó a otro repostero muy bueno, pero fue denunciado por esta misma pareja como discriminador. La pregunta que todos nos hacemos es por qué una pareja gay va a pedirle a un cristiano, que se conoce en la comunidad por su fidelidad a Jesús, un pastel de bodas.
Otro caso, el de Servicios Sociales Católicos en la ciudad de Philadelphia, una organización religiosa que en su práctica refleja el código católico y enseña, por lo tanto, que todo niño se merece tener un padre y una madre, a la que ha sido finalizado su contrato alegando que sus prácticas son discriminatorias con relación a los que no tienen ambos padres. La Corte le dio la razón a Servicios Católicos. Otro caso digno de mencionar es, por ejemplo, que la Corte de los EE.UU. ha afirmado la realidad biológica legislando en contra de un grupo de transexuales, hombres aparentando mujeres, su “derecho” a competir en deportes femeninos.
Es muy importante prestar atención a esta reformulación del lenguaje. Si abandonamos el mutuo entendimiento de las definiciones y negociamos el lenguaje, el lenguaje de los derechos humanos se convierte en un sinfín de términos maleables e intercambiables y por lo tanto desprovistos de principios. Gran respeto por los derechos fundamentales y la dignidad humana es exactamente lo que la ONU necesita ahora.
